Pese a ser el trigésimo segundo país más grande del mundo con un tamaño comparable al de Venezuela y más del doble de California y también el más poblado de África (alrededor de 155 millones de habitantes), este estado situado en la costa oeste africana apenas aparece en los medios de comunicación internacionales más relevantes.

En Nigeria, el pasado 7 de marzo alrededor de un centenar de personas murieron en enfrentamientos entre los miembros musulmanes de la etnia fulani y los agricultores cristianos, a estas víctimas hay que sumar las 300 del pasado enero (1).

Muchos analistas en el campo de la política internacional califican este conflicto como  étnico-religioso, uno de los clásicos choques religiosos creados por Huntington para explicar el devenir de los acontecimientos internacionales. Pero dejando de lado estas interpretaciones maniqueístas (Islam versus Cristianismo) que aportan bien poco sobre como afrontar el conflicto habría que ir más allá y analizar la situación de Nigeria y su evolución para interpretar este conflicto de una manera más profunda y evitar así las clasificaciones generalistas que en ocasiones sólo ofrecen explicaciones banales y superficiales.

En Nigeria casi la mitad de sus habitantes son musulmanes mientras que la otra mitad se reparte entre animistas y cristianos. Pese a que éste parezca a primera vista el motivo de confrontación cabe considerar la inmensa cantidad de oro negro que posee el país y que es disputada por las principales compañías petrolíferas de potencias regionales como los EEUU o China. Desde que en los años 60 se descubriera el petróleo con alrededor de 36.876 millones barriles en reservas de crudo (11) y con una producción actual de 2.1 millones de barriles al día, la economía de este país ha pasado a ser totalmente dependiente de sus exportaciones de petróleo repartido entre manos extranjeras y ha disparado la desigualdad social, ya que la mayoría de los nigerianos vive con menos de un dólar al día. Nigeria es el primer productor de petróleo del continente africano y el sexto en la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La actual crisis económica global ha azotado el país de manera grave agudizando aún más el frágil equilibrio social. Durante el año 2009 la inflación se disparó debido a los elevados precios de las materias primas especialmente los alimentos y tendiendo en cuenta que Nigeria es un exportador de petróleo (estas exportaciones suponen alrededor de un 95% de todas las ganancias en moneda extranjera y la mayor parte de los ingresos del gobierno) (2) pero un importador de productos básicos con un 70% de la población por debajo de la línea de la pobreza este panorama es especialmente grave. (1)

La situación en Nigeria se ha tornado muy difícil ya que los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí o a las empresas locales (2). La producción de petróleo y también de gas atraviesa por un mal momento ya que debido a los constantes sabotajes en los yacimientos del Delta del Níger y la inestabilidad de dichas zonas productoras Angola está ganando terreno a Nigeria como principal productor de África. Se estima que Nigeria puede estar perdiendo alrededor de un millón de barriles de crudo al día debido a la situación de violencia en el Delta del Níger (11). La guerrilla que opera en dicha área ha desarrollado en los años recientes una ofensiva contra el gobierno federal del país y las compañías extranjeras que operan en la región, donde se han atacado las instalaciones, oleoductos y se han llevado a cabo diversos secuestros de trabajadores. Esto ha supuesto al país unas pérdidas de alrededor de 4.000 millones de dólares anuales y unos 57.000 millones en los últimos 8 años. A pesar de la iniciativa gubernamental de prohibir la tenencia de armas para frenar la espiral de violencia, el tráfico ilegal de armamento se ha incrementado y el robo de combustible en las instalaciones. Grandes compañías asentadas en la zona como Shell, Chevron Nigeria Limited y Agip se han visto afectadas por la violencia desatada en el área.

Un país dividido entre un norte mayoritariamente musulmán y el sur cristiano, la situación de crisis económica en el norte ha dejado a miles de varones jóvenes sin trabajo y desencantados lo que ha alimentado las filas de los  radicales religiosos (4). El número de fábricas en Kako registrada en la asociación de fabricantes de Nigeria ha caído de 350 en 1987 a 103 hoy en día debido a la competencia de productos asiáticos. Los miles de jóvenes nigerianos graduados en las calles buscando trabajo suponen un gran peligro para el país y un caldo de cultivo para agudizar el extremismo religioso según un profesor de sociología de la Universidad Bayero en Kano. Habrá que esperar que la mala situación económica no vuelva a repetir escenas como las ocurridas en los años 80 cuando el gobierno nigeriano no cumplió con sus pagos y afloraron violentas revueltas sociales.

Lo que ocurre en Nigeria ¿Simplemente ha sido un choque religioso o tal vez la religión ha sido un canal para exteriorizar una situación de crisis que ya ha explotado? ¿Quién es el responsable de esta situación la religión, la comunidad internacional o quién?

Eva Díez Ajenjo
Directora de Global Affairs

Bibliografía

1. “Nuevos enfrentamientos religiosos en Nigeria causan más de un centenar de muertos”, El País.
2. “Una visión sobre la economía de nigeria”, Todoproductividad.
3. “Stagnation stirs everything up” (28th Jan 2010) The Economist.
4. “Sectarian violence leaves 630 dead in Nigeria” (6th May 2004) Timesonline
5. “Shell plans £3bn sale in Nigeria” (20th Dec 2009) Timesonline.
6. “Chinese in £3bn battle to buy Shell assets in Nigeria” (21th Dec 2009) Timesonline.
7. “Shell puts cost of crude oil theft in Nigeria at as £1.1 bn a year” (21th Feb 2009) Timesonline.
8. “Nigeria” (24th Feb 2010) The New York Times.
9. “Nigeria on the brink” (1st August 2009) Timesonline.

10. “Nigeria in God’s hands? Well no one else is in charge” (13th Jan 2010) Timesonline.
11. ICEX. Oficina económica de Nigeria.

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A mediados del mes de noviembre en Ciudad Juárez, localidad mexicana colindante con Estados Unidos, varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Poder Ejecutivo que gestione ante las Naciones Unidas el envío de “cascos azules” a esa ciudad con el objeto de combatir la violencia y la delincuencia relacionadas con el narcotráfico. Este hecho, aunque anecdótico, evidencia las dimensiones que alcanzó en la nación azteca la criminalidad organizada, como resultado de un complejo proceso de más de dos décadas de duración.

En la actualidad el panorama mexicano en materia de criminalidad organizada muestra la coexistencia de seis grandes “carteles”, cuatro de los cuales están instalados desde hace años: el de “Sinaloa”, el de “Juárez”, el de “Tijuana” y el del “Golfo”. A ellos deben agregarse dos escisiones del grupo del Golfo, consumadas el mismo año 2008: por un lado, el de la así llamada “Familia Michoacana”. Por otro, el de una fracción de su brazo armado “Los Zetas”, encolumnada tras el liderazgo de Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales.

El vertiginoso crecimiento de estas organizaciones es indisociable del fenómeno del narcotráfico y de la proximidad del mercado de consumo estadounidense, ya que por México discurre entre el 75 % y el 90 % de la cocaína y del 30 % al 40 % de la heroína que ingresan a su vecino del norte. Esta circulación comenzó a intensificarse hacia finales de la década de los ochenta cuando la Casa Blanca intensificó sus controles antinarcóticos en la zona de Florida y los traficantes colombianos tuvieron que buscar nuevas rutas de introducción de su cocaína en el  territorio estadounidense. Según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del gobierno estadounidense, los carteles mexicanos generan entre 17 mil y 38 mil millones anuales de dólares americanos como producto de sus ventas de cocaína, heroína y marihuana en los Estados Unidos (01).

Europa y América Central han sido otros vectores de la expansión criminal mexicana. A caballo de transitorias saturaciones del mercado estadounidense y de la fortaleza del euro frente al dólar, en el Viejo Continente los criminales mexicanos se vinculan con contrapartes locales para venderles cocaína, al tiempo que adquieren precursores químicos y substancias para la producción de drogas sintéticas. En el istmo centroamericano, en tanto, la presencia criminal mexicana es particularmente notoria en suelo guatemalteco, donde le disputa al gobierno el control sobre vastas áreas territoriales.

Durante el último lustro, el agravamiento de la criminalidad en México se tradujo en un incremento de la espiral de violencia. Los homicidios violentos relacionados con este fenómeno treparon a más de dos mil casos anuales y la corrupción de funcionarios públicos y efectivos policiales alcanzó niveles insólitos. Según indicó en su último libro el periodista especializado Ricardo Ravelo, el 50 % de la policía del país, municipal y estatal, estaba vinculada de una u otra manera con la delincuencia organizada, lo que convertía a esas instituciones en apéndices de las estructuras mafiosas (02). Incluso comenzó a hablarse de una “colombianización” de México, en referencia al neologismo utilizado por primera vez por el ex presidente colombiano Ernesto Samper y después desarrollado desde un “think tank” estadounidense para graficar el derrotero que estaría siguiendo ese país, similar al que padeció Colombia en los años 80, de la mano de los carteles de Cali y Medellín (03).

Frente a esta crítica situación desde la inauguración de su gestión en las postrimerías del año 2006, el presidente Felipe Calderón ha realizado una estrategia proactiva para derrotar a los carteles del crimen organizado, empeñando recursos federales estimados en miles de millones de dólares. La lógica que sustentó las acciones gubernamentales en este tema estuvo signada por cierto fatalismo, según se desprende de las declaraciones efectuadas por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos. Dijo el economista en esa oportunidad que “el narcotráfico ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado” y que la inacción del mandatario produciría que el siguiente presidente de la República fuera un traficante de drogas (04).

Felipe Calderón, Presidente de México.UN Photo/Eskinder Debebe

Un aspecto clave de esta estrategia gubernamental ha sido el saneamiento de las reparticiones estatales en general y policiales en particular, depurando a sus cuadros y separando a los elementos corrompidos por las bandas criminales. En este contexto, en octubre del año 2008 en el marco de la llamada “Operación Limpieza”, se descubrió que el cartel de Sinaloa había logrado infiltrar a las dos instituciones estatales más importantes en la lucha contra este flagelo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Las secuelas de este escándalo incluyeron la renuncia del jefe de esa institución policial y la detención del director de la Interpol en ese país, por complicidad con los grupos criminales.

Las iniciativas del gobierno no han estado exentas de críticas, particularmente en relación al empleo intensivo de casi 50 mil efectivos militares en acciones antidrogas urbanas y rurales en los estados más violentos del país; esta opción fue explicada de dos maneras complementarias desde el Poder Ejecutivo: por un lado, debido a la mencionada corrupción policial que contrasta con la buena imagen de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública. Por otra parte, a causa de la potencia y sofisticación crecientes del armamento de los narcos.

Desde entonces y hasta el presente se registraron importantes triunfos en materia de decomisos de drogas y detención de importantes criminales, algunos de ellos extraditados a EEUU. El último éxito de esta saga tuvo lugar en vísperas de la pasada Navidad, cuando en Cuernavaca fue abatido Arturo Beltrán Leyva, el mítico “jefe de jefes”, antiguo jerarca del cartel de Sinaloa y luego fundador del cartel del Golfo. Esta organización estaba vinculada con los grupos de narcotraficantes que operan en la costa del Pacífico de Colombia, en especial con el cartel del Norte del Valle; de allí importaba droga que después se distribuía en EE.UU. y Europa.

Durante todo el lapso, las Fuerzas Armadas mantuvieron importantes índices de respaldo ciudadano (en torno al 70 %) frente a las tareas que les fueron impuestas, más allá de acusaciones aisladas de exceso de la fuerza e incluso violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, como ha apuntado un especialista, tal vez lo más importante de la lucha del estado mexicano contra los carteles del crimen organizado no se exprese en términos de logros conseguidos, sino de lo que se evitó: que vastos sectores de la policía e incluso localidades pequeñas, estuvieran bajo el control de esas organizaciones ilegales (05).

La contracara de estos logros ha sido un aumento aún mayor de los niveles de violencia, producto tanto del enfrentamiento entre el estado y los carteles, como de estos últimos entre si. El cuadro de violencia que experimenta México puede ser objeto de dos lecturas mutuamente excluyentes. Una de ellas relativiza la gravedad de esa situación, indicando que está focalizada básicamente en el Distrito Federal y siete estados (Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Michoacán, Durango y Jalisco) por donde corren las redes del tráfico de drogas hacia EEUU, mientras en el resto del territorio no existen problemas de delincuencia organizada de gran envergadura (06). La interpretación antagónica, a la cual nos adherimos, subraya que la gravedad de este problema no debe leerse sólo en términos de su focalización geográfica sino también de su crecimiento cuantitativo y su complejización cualitativa; desde esta perspectiva, el fenómeno de la actual violencia mexicana no registra parangón alguno en tiempos modernos.

En el año 2008 las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se dispararon a 5.661, más de un 100 % de aumento interanual. El año pasado las estadísticas empeoraron y el primer millar de decesos se alcanzó en apenas 51 días (el 21 de febrero) mientras que en el ejercicio anual anterior habían hecho falta 113 días para llegar a esa cifra, lo que llevó el cálculo anual a la impresionante cantidad de más de 7.000 casos. El resultado final excedió incluso esa espeluznante cifra, para alcanzar los 7.724 decesos (842 solamente en diciembre), lo que representa una muerte cada 65 minutos. De ese total, 3.250 asesinatos tuvieron lugar en Chihuahua y de ellos, 2.635 ocurrieron en Ciudad Juárez (07).

En lo que va del presente año, las cosas no han mejorado. En los primeros diez días del mes de enero, los homicidios cometidos en Ciudad Juárez llegaron al centenar. A nivel nacional solamente en un día, el 9 de enero, los carteles criminales cometieron 69 asesinatos violentos en distintos estados del país; así, esa jornada se constituyó en la más violenta desde 2006, cuando el actual gobierno inició su ofensiva contra la criminalidad organizada (08).

El alza del número de homicidios perpetrados por los criminales se acompaña por crecientes niveles de sofisticación, expresada a través de rituales de alto impacto mediático y valor simbólico. El periodista Sergio González Rodríguez ha explicado este fenómeno como resultante de la degradación social: la violencia tiende a ser una moneda, por encima de la política, de tráfico cotidiano. Es decir, quien tiene mayor capacidad de ejercer violencia, por encima incluso del sistema político, es quien va a imponer un dominio territorial.

En parte, esta sofisticación es protagonizada por verdaderos especialistas en materia de ejercicio de la violencia, contratados por los carteles a través de una verdadera “tercerización” o incorporados a su estructura a través de órganos específicos. Entre esos especialistas se encuentran mareros centroamericanos y militares de élite nacionales y extranjeros. Un ejemplo paradigmático es el de los mencionados Zetas, que incluyen entre sus miembros a ex cuadros de los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) del ejército mexicano, así como a “kaibiles” del ejército guatemalteco.

Un macabro panorama resulta de esta interacción: a mediados del año 2008 en el estado de Durango fueron halladas cuatro cabezas humanas guardadas en heladeras, producto de asesinatos entre los carteles de Sinaloa y el Golfo. Meses después, una guerra entre carteles derivó en una treintena de muertes en Tijuana: algunos cuerpos fueron encontrados con sus lenguas cercenadas, tres cuerpos se encontraron dentro de barriles de metal con ácido, otros cinco cadáveres tenían la cabeza cubierta con cinta adhesiva y estaban atados de pies y manos, y dos estaban decapitados y uno de ellos tenía la cabeza entre las piernas.

En esta materia descolla el caso de Teodoro “El Teo” García Simental, considerado el narcotraficante más violento de la geografía mexicana, detenido a mediados del mes de enero de este año. El Teo, uno de los líderes históricos del cartel de Tijuana, después aliado al cartel de Sinaloa, fue responsable de al menos 300 homicidios solamente en esa ciudad fronteriza de Baja California y en un lapso de apenas dos años, desde comienzos de 2008 hasta su detención. Sus métodos de tortura, asesinato y eliminación de evidencias incluían decapitaciones, mutilaciones, incineraciones y disoluciones con ácido (09).

Un dato singular de México es que, en buena medida, la violencia imperante tiene como destinatarios a los periodistas que denuncian las actividades criminales y la corrupción gubernamental asociada a ese estado de cosas. Así, México se convirtió en uno de los países más peligros del mundo para ejercer el periodismo, según entidades como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pero más preocupante aún que este salto cuantitativo, es el agravamiento del fenómeno en términos cualitativos. El año 2008, en ocasión de los festejos por la independencia nacional, en el centro histórico de Morelia (Michoacán), estallaron dos granadas de forma prácticamente simultánea, en medio de millares de personas. Este ataque, perpetrado por la Familia, constituyó la primera agresión directa del crimen organizado contra población civil, con un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos. Con razón, desde el gobierno central se tipificó el hecho como un acto terrorista liso y llano.

Otro indicador del agravamiento cualitativo de la violencia protagonizada por las organizaciones criminales aztecas, es que las mismas cuentan con capacidad para sostener enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. Y en este punto, el caso paradigmático también fue protagonizado por la Familia: la detención de uno de sus principales cabecillas desató una serie de ataques simultáneos contra numerosas comisarías en Michoacán, empleando granadas y armas largas, con un saldo de una decena de policías muertos y el doble de heridos. El Poder Ejecutivo se vio obligado a reforzar la seguridad michoacana con miles de efectivos, mientras desde el periodismo se calificaba al incidente como la “ofensiva Tet” del crimen organizado (10).

La imagen de una ofensiva Tet establece una analogía con la guerra de Vietnam que se plantea esencialmente en términos subjetivos, asociados a percepciones. En esta materia, aunque está fuera de discusión el incremento cuantitativo y el agravamiento cualitativo de la violencia en el país, el gobierno y la población parecen interpretarla en términos opuestos.

Así, para el gobierno la espiral de violencia no indica un fracaso de la lucha contra el crimen organizado, sino precisamente de lo contrario: los involuntarios procesos de reacomodamiento que debieron encarar las organizaciones ilegales, producto de la eficaz acción de las fuerzas del Estado; en otras palabras, no se hubiera registrado incremento de la violencia criminal sin eficacia estatal previa (11). En las antípodas, diferentes sondeos de alcance nacional señalan que la mayoría de los mexicanos no se siente más seguro desde que el gobierno puso en marcha su estrategia de combate al narcotráfico.

En el marco de la coexistencia de estas visiones antagónicas, desde los EEUU le han hecho un flaco favor a la administración de Calderón: en un informe publicado a principios del año 2009 por el Departamento de Defensa se calificó a México como un “Estado fallido” junto con de Pakistán; poco después, un alto funcionario de la CIA comentó que un probable colapso al sur de la frontera estaba en la lista de mayores preocupaciones de seguridad de la agencia (12). Nadie en México le ha dado crédito a esa tesis de la “falla”, al menos en su sentido lato; en todo caso, esa falla estaría concentrada en las estructuras policiales, de inteligencia y de justicia, sin que sus efectos trasciendan al resto del aparato estatal (13).

De todos modos es justo indicar que no se descarta un escenario de esas características a medio plazo, dependiendo del éxito que arroje el proceso de saneamiento y depuración del aparato estatal y las principales fuerzas políticas, frente a la infiltración criminal. Según el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, gracias a una complicidad de alto nivel, el crimen organizado está creando su propia estructura dentro del estado mexicano y si esta situación no cambia el desenlace sí será el de un estado fallido (14).

Hacia el futuro, la estrategia gubernamental de lucha contra el crimen demanda, para su completo éxito, la colaboración plena de EEUU, país que ha anunciado que enmarcará el grueso de su ayuda en la denominada “Iniciativa Mérida”, un  plan similar al Plan Colombia aunque destinado a incrementar las capacidades anticriminales de México y Centroamérica a través de la provisión de entrenamiento y equipo. En su versión original la Iniciativa contemplaba ayudas por 1,5 mil millones de dólares americanos en un trienio, aunque esa cifra se redujo a caballo de recortes fiscales originados por la crisis financiera y de cuestionamientos de diversa naturaleza (política, judicial y humanitaria) al gobierno de México. Sin embargo, la dimensión adquirida por esta problemática transfronteriza obligó a la Casa Blanca a adoptar unilateralmente medidas adicionales, entre ellas el envío a la zona de cientos de efectivos adicionales de diferentes agencias federales, sin descartar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional.

Empero, el papel clave de este país en los esquemas de seguridad de México no se limita a su demanda de estupefacientes, ni a su capacidad para financiar vastos programas de entrenamiento y equipamiento, sino también a su oferta de armas y la existencia de funcionarios venales, permeables a la corrupción criminal. La inmensa mayoría de las armas ilegales que utilizan los carteles mexicanos ingresan al país por la frontera septentrional, en torno a la cual se concentran 12 mil armerías de unas 107 mil distribuidas en toda la superficie estadounidense. Sobre este último punto, un informe difundido por el Partido Revolucionario Institucional indicó que en 2008 habrían entrado a México desde su frontera norte más de 200 mil armas de alto poder (más de 600 por día), incluidas bazucas, ametralladoras, morteros, lanzagranadas y armas cortas con capacidad para atravesar cualquier blindaje o chalecos antibalas, conocidas en el hampa como “mata policías” (15).

En síntesis, México se consolidó como la nación latinoamericana donde se registran las mayores tasas de crecimiento de la criminalidad organizada, con su correlato de violencia sin parangón histórico. La gravedad de esta situación ha llevado a algunos a hablar de la “colombianización” mexicana, mientras otros aseguran que se asiste a un cuadro de falla estatal. Ni lo uno ni lo otro: la aplicación de esos enfoques evidencia una excesiva y nociva simplificación, soslayando las particularidades que exhibe cada caso, producto de factores y situaciones únicas e irrepetibles.

En este sentido México, al contrario que Colombia, no es productor de cocaína ni de heroína, como tampoco su criminalidad muestra vinculaciones con insurgencias armadas que dicen tener un proyecto político, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En sentido inverso, nunca se registraron en el aparato estatal colombiano, ni en sus fuerzas policiales, los niveles de corrupción que exhiben sus contrapartes mexicanas. Una tercera diferencia entre ambos casos, imposible de soslayar en esta comparación, es la frontera que comparten México y EEUU, doblemente permeable: para la droga en una dirección y para las armas en la otra.

No cabe duda que los niveles de violencia criminal serían significativamente menores en México si el estado no hubiera adoptado la decisión de combatir ese flagelo con todas sus fuerzas. Los carteles no estarían inmersos en una lucha sin cuartel contra policías y militares, ni se enfrentarían entre sí para redefinir sus áreas de control territorial. Por otro lado la inactividad por parte del gobierno hubiera supuesto un constante crecimiento de ese poder oculto en todas las instituciones de la vida mexicana, con especial énfasis en los poderes de la República corrompiéndolos y haciéndolos funcionales a sus intereses. La voluntad del Poder Ejecutivo de no aceptar este estado de cosas e intentar modificarlo, indica que el estado tiene una profunda debilidad institucional pero no es fallido.

Sin embargo, ese esfuerzo gubernamental será insuficiente si no incluye la colaboración de otros países. El crimen organizado es una amenaza transnacional y éstas, por definición, se caracterizan por trascender fronteras estatales, demandando acciones concertadas entre los actores afectados. En este sentido, EEUU está llamado a jugar un papel descollante en la lucha que está llevando adelante su vecino meridional.

Mariano César Bartolomé
Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad del Salvador (USAL) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Bibliografía:

(01): OPPENHEIMER, Andrés: “EEUU, un paraíso de armas para los narcos”, La Nación 24 de marzo de 2009

(02): RAVELO, Ricardo: Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico. Grijalbo, México DF 2007

(03): La primera referencia que tenemos de empleo del concepto “colombianización” corresponde a Ernesto Samper en octubre de 2004 y motivó un enérgico rechazo por parte del gobierno mexicano. El concepto reaparece meses después de la mano de Ted Galen Carpenter, del Cato Institute, en su trabajo “La colombianización de México”, fechado el 31 de marzo del 2005

(04): GERIUP: “Crimen Organizado en México: hacia un escenario de Estado Fallido?”, Informes del GERIUP 25 de febrero de 2009

(05): MILLER LLANA, Sara: “Two years after its launch, Mexicans question President Calderón’s drug war”, The Christian Science Monitor, December 11, 2008

(06):  VILLALOBOS, Jorge: “La fuerza de México”, Nexos 1 de marzo de 2009

(07):  “El Estado no puede con los carteles”, Página 12, 7 de febrero de 2010

(08):  “Ciudad Juárez registra cien asesinatos en los primeros diez días de 2010″, El Mundo 11 de enero de 2010

(09): “Capturan a El Teo, el narco más violento”, BBC Mundo, 12 de enero de 2010

(10):  MILLER LLANA, Sara: “Drug Cartels launch Mexico´s Tet Offensive”. The Christian Science Monitor, July 14, 2009

(11):  CÓRDOBA, José: “Latin American Panel Calls U.S. Drug War a Failure”, The Wall Street Journal, February 12, 2009

(12): GERIUP, op.cit.

(13): BENÍTEZ MANAUT, Raúl: “La crisis de seguridad en México”, Nueva Sociedad N° 220, Marzo-Abril 2009, pp. 173-189

(14): “Obispo Vera alerta sobre estado narco”, El Universal 10 de agosto de 2009

(15): “PRI: más de 200 mil armas llegaron por frontera con EU”, El Universal 6 de junio de 2009

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No cabe duda de que el orden del día de la comunidad internacional en materia de seguridad recae en torno al programa nuclear iraní. Pero ¿representa éste una verdadera amenaza al orden internacional? ¿Qué esconde el presidente iraní Ahmadinejad tras sus ambiciones nucleares? ¿Qué esconde Estados Unidos y Occidente tras su férrea oposición al programa? Vayamos por partes.

Es sabido que el club nuclear (los cinco estados poseedores de armas nucleares que conforman el Consejo de Seguridad) es muy selecto y que el intento de producir armas nucleares por parte de un estado fuera de este club levantaría gran conmoción internacional llevando al “infractor” al aislamiento. Ahora ¿y si hablamos de desarrollo nuclear para fines pacíficos? Aquí es donde los tratados, convenciones internacionales y programas de cooperación se desdibujan y pasan a un plano subjetivo dejando lugar a las percepciones que cada país tiene de los otros.

El problema de fondo no es qué se está produciendo, sino más bien quién lo está produciendo. No es lo mismo que un país de Europa occidental enriquezca uranio a que Irán lo haga.

Paradójicamente, el hecho de que éste sea parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) (que regula esta actividad desde 1968) y de que haya abierto en reiteradas oportunidades sus facilidades nucleares a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) (para inspección y verificación del uso dado al material fisible) pone al país dentro de un marco jurídico acorde al Derecho Internacional y a las expectativas de los signatarios de los acuerdos internacionales sobre el uso y desarrollo de la energía nuclear.

Siguiendo esta línea, un estado como Israel, dejando las percepciones de lado, se encontraría en falta respecto a las buenas costumbres internacionales mucho más que su vecino iraní, ya que el primero no sólo no forma parte del TNP, sino que además es poseedor de armas nucleares, lo primero es consecuencia de lo segundo. Entonces, como decíamos, las percepciones que cada actor internacional tiene del resto y de sí mismo en el sistema internacional será lo que determine el grado de tolerancia por parte de un país o grupo de países ante la presencia de un plan de desarrollo nuclear como el de Irán.

Secretary-General Ban Ki-moon (right) meets with Mahmoud Ahmadinejad, President of the Islamic Republic of Iran. UN Photo/Mark Garten

Reviendo un poco la historia es irónico que el que haya impulsado el desarrollo del plan nuclear iraní hayan sido justamente los Estados Unidos allá por los años 50, cuando una vez derrocado el presidente nacionalista Mossadeq con ayuda de la CIA, el Sha Reza Phalevi tomó control absoluto de la dirigencia del país, instaurando un régimen autoritario sustentado por la SAVAK, la policía secreta del Sha. Desde ese entonces y hasta 1979, año en que estalló la Revolución Islámica, Irán fue un aliado estratégico de los Estados Unidos, compartiendo frontera con la ex URSS y enclavado en medio de Asia, era una pieza fundamental de la estrategia de contención del comunismo (1).

Durante ese tiempo el plan de desarrollo de energía nuclear iraní se vio encarrilado, pero ¿Qué hubiese pasado si éste plan, durante las décadas subsiguientes a su creación hasta la Revolución, hubiese dejado en evidencia la intención de fabricar armas nucleares? La historia es pendular, y su dinámica reubica a los actores constantemente. De haber sucedido esto, las primeras voces en alzarse en contra del plan hubiesen sido la URSS y la República Popular China, por considerar una seria amenaza a su seguridad la presencia de armas nucleares tan próximas a su territorio en manos de un aliado de Occidente. Pero como dije anteriormente, la historia es un péndulo y hoy la tercera ronda de sanciones de las Naciones Unidas programada en contra de Irán está aún en el tintero justamente por la ambigüedad de la posición que tanto Rusia y especialmente China, han tomado en cuanto a la cuestión.

1979 fue el año en el que el péndulo volvió a moverse impulsado por la Revolución Islámica. Estados Unidos no sólo perdía un aliado clave, sino que también ganaba un enemigo incentivado por la más movilizadora de las pasiones: el fervor religioso. En la década siguiente, entre la organización de la nueva República Islámica y la guerra con Iraq, Irán se mantendría aislado de la arena internacional salvo por alguna que otra intervención que despertaría la indignación mundial para luego recluirse nuevamente. En este período el plan nuclear cayó en el olvido para ser retomado nuevamente en la década del 90 por los gobiernos reformistas y con mayor fuerza en el nuevo milenio por el presidente Ahmadinejad.

A diferencia de hace cincuenta años atrás, Irán dejó de ser un aliado para Occidente y se transformó en una seria amenaza para su seguridad. Esta es la sensación que se tiene desde estas latitudes del mundo, aún cuando no se tenga pruebas concisas de que el material fisible perteneciente al stock iraní esté siendo utilizado o se tenga la intención de utilizarlo para la creación de una bomba atómica. La supervivencia del estado es el interés fundamental de una nación, por lo que es lógico que el mundo reaccione de esta forma ante semejante situación. Occidente, a la cabeza los Estados Unidos, más allá del marco jurídico de la situación, teme caer en una política de apaciguamiento similar a la que permitió el ascenso de Hitler al poder y expansión de Alemania en Europa en los años 30.

Con esta perspectiva, la lluvia de amenazas de aplicación de sanciones no para de llover sobre la República Islámica al mismo tiempo que se intenta llegar a un acuerdo que establezca un techo al plan nuclear iraní sin quitarle así el derecho (que como país soberano tiene) de explotar de forma pacífica la energía nuclear, ya que las mismas fisuras existentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto al programa y sus alcances no permite una represalia masiva y unánime.

Como si estuviésemos aún en tiempos de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad se encuentra fragmentado: por un lado Occidente con Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña, más Alemania; por el otro: Rusia, aunque cada vez con una posición más acorde a la de Occidente, y China, que si bien no defienden el plan nuclear iraní, tampoco están de acuerdo en la aplicación de sanciones severas a este país. Esta posición es entendible ya que ambos mantienen estrechos lazos comerciales con Irán, incluso en el campo energético. Esta ambigüedad traba todo tipo de solución no negociada con Irán.

¿Qué se percibe desde el otro lado? Supongamos que el programa nuclear iraní sí está orientado a la creación de la bomba atómica. Es indiscutible que la posición de Occidente en cuanto a seguridad se vería debilitada, como dijimos arriba, especialmente si tomásemos en serio la retórica belicista del presidente Ahmadinejad. Tampoco hay duda de que la comunidad internacional debería llegar hasta las últimas consecuencias para evitar esto. Pero ¿cuál es la perspectiva que Irán tiene hoy de su propia seguridad? Sacando todo tipo de pasiones, ya sea nacionalistas, religiosas o personalistas, hablando puramente desde el punto de vista geoestratégico y teórico racional, hoy día la seguridad de Irán se ve gravemente amenazada.

Flanqueado por dos estados que están dirigidos de facto por los Estados Unidos y una coalición pro occidental, principales antagonistas del régimen iraní: Iraq y Afganistán representan dos bombas de tiempo a punto de estallar, si no lo hicieron ya. Al norte limita con Turkmenistán, país abandonado a su propia suerte después del derrumbe de la URSS, fácilmente permeable a las influencias de las grandes potencias y con gobiernos débiles e inestables y Azerbaiyán, pro Occidente. Al sudeste su vecino Pakistán no sólo es aliado de los Estados Unidos sino que también posee armas nucleares y una muy frágil estabilidad política. Y para finalizar con la amenaza nuclear puesta sobre Irán, a no demasiada distancia los misiles cargados con cabezas nucleares israelíes apuntando al este están constantemente en alerta a los próximos pasos del gobierno iraní.

Aunque suene raro, Irán en Medio Oriente y Asia Central es una isla en un mar de inestabilidad. Teniendo en cuenta esto, no es descabellado que las autoridades iraníes busquen fortalecer su posición en la región, ya sea a través del incremento real de su arsenal, incluyendo armas nucleares o simplemente mediante la demostración al mundo de su capacidad técnica para la fabricación de este tipo de tecnología poniendo de esta manera la pelota al otro lado del campo de juego, donde las partes más involucradas deberán sentarse a negociar bajo presión.

Security Council meeting during its consideration of a report on non-proliferation and the nuclear programme in Iran. UN Photo/Evan Schneider

Si bien la amenaza a la seguridad nacional es una razón más que suficiente como para mostrarse fuerte ante la comunidad internacional, no sería la única razón que justifique la existencia del plan nuclear en la etapa en la que se encuentra. Hasta el momento, muchos de los análisis que se hicieron respecto a la política exterior iraní no tuvieron en cuenta factores domésticos y muchos no supieron interpretar los movimientos que se están dando en el interior del país. El Irán del 2010 no es más el de las pasiones revolucionarias y aunque desde el gobierno no se vea así, los cambios en el interior del país están reformulando la estructura de poder doméstico y a largo plazo, por lo tanto, su política exterior.

Frente a este panorama, los viejos guardianes de la Revolución con Ahmadinejad a la cabeza, pretenden generar políticas que aglutinen a las masas detrás de una “causa nacional”. Planteando una amenaza externa para encontrar cohesión interna, desviando así la energía de las masas hacia el exterior. El gobierno a través del plan nuclear trata no sólo de reacomodar el equilibrio de poder regional, sino también de sellar las fracturas internas que existen en el interior del país. Y si hay algo en lo que la oposición y el gobierno de Ahmadinejad están de acuerdo, es en el derecho de Irán al desarrollo de la energía nuclear, por lo tanto, en este aspecto el presidente iraní supo perfilar a la oposición y gobierno tras un objetivo nacional por encima de lo partidario. Aún así, las agitaciones que se están dando en la arena política iraní están demostrando cada vez más la fragilidad del régimen de Ahmadinejad.

Desde el este, no sólo se busca mantener el statu quo vigente en la distribución del poder bélico nuclear sino también debilitar al régimen teocrático establecido en 1979 que privó a Occidente del acceso a una región clave que forma parte del corredor que une Oriente con el este y que significó desde sus orígenes una amenaza hacia su seguridad. Si bien Ahmadinejad no pertenece al clero y ascendió al poder a través de elecciones democráticas, por lo menos en su primera presidencia, la caída de los Ayatolas representaría el fin de la vieja guardia, a la cual pertenece el presidente.

Las negociaciones acerca del plan nuclear iraní entraron en un juego de toma y daca, donde Irán no quiere ceder en su derecho al desarrollo de la energía nuclear, en un principio para fines pacíficos, y donde la coalición occidental usará todo su poder de persuasión para que la República Islámica no ponga en jaque la seguridad internacional con su programa nuclear.

El enriquecimiento de uranio es el paso anterior para la creación de una bomba atómica, aunque hoy Irán lo esté haciendo al 3,5 por ciento del 90 que se necesita para su uso bélico, ya preocupa a occidente la orden del presidente iraní de avanzar hacia el enriquecimiento al 20 por ciento. Mientras tanto en el mundo de la diplomacia se está negociando una salida más acorde a las pretensiones occidentales. La única barrera de la coalición hoy en día para aplicar sanciones a Irán a través de las Naciones Unidas es China y Rusia, ambos con poder de veto en el Consejo de Seguridad, quienes no se muestran del todo convencidos respecto al alcance de las sanciones y sus beneficios.

Cuando se pensó que se había llegado a un acuerdo favorable para todas las partes, enviar el stock de uranio iraní a Rusia y Francia para que sea enriquecido en estos países (en los Acuerdos de Viena de octubre del 2009), Irán agregó una nueva cláusula a las conversaciones: el enriquecimiento de uranio iraní en el exterior del país se haría por partes, manteniendo más de dos tercios del uranio en Irán y mandando una nueva tanda sólo cuando la anterior haya llegado al país después del proceso de enriquecimiento al 20 por ciento necesario para el funcionamiento del reactor de investigación médica de Teherán.

Si bien Occidente sostiene que este nuevo giro en las negociaciones es una estrategia de Irán para ganar tiempo, no son nada ilógicas las exigencias iraníes, especialmente si tomamos los antecedentes norteamericanos y franceses que en el pasado no devolvieron ni el uranio, ni el dinero después de haber contraído un compromiso con el país islámico.

Frente a este panorama Occidente no tiene más remedio que negociar una salida favorable para ambas partes, sin privar así a la otra del derecho al acceso a la energía nuclear y garantizando su seguridad en la región ya sea de forma directa o indirecta o tomar medidas drásticas que generarían aún más inestabilidad en Medio Oriente y Asia Central.

En la vereda de enfrente Irán busca sentarse a negociar con un mayor margen de maniobra no sólo la cuestión nuclear, sino también otras cuestiones relegadas por ésta. El precio a pagar, si está dispuesta, es la resignación del enriquecimiento de su uranio en su propio suelo, entregando por un lado parte de su herramienta persuasora pero abriendo nuevos caminos de cooperación con Occidente.

Fernando Laborde
Licenciado en Relaciones Internacionales.

Bibliografía:
-(1) GADDIS, John Lewis, “Estrategias de la Contención”, Editorial GEL,1982.

-KEDDIE, Nikkie R., “Las raíces del Irán moderno”, Yale University, 2003

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El régimen norcoreano revalúa su moneda, obligando a la población a cambiar sus ahorros. Cada familia norcoreana solamente puede cambiar 100.000 Won (unos 50 euros), siendo confiscado el resto. La decisión supone un fuerte paso atrás en la incipiente liberalización económica del país.

Revaluación de la moneda norcoreana

Una vez más Corea del Norte ha sido noticia y como de costumbre no por ningún hecho positivo. Esta vez sin embargo no se trata de ningún ensayo nuclear, intercepción de cargamento de armas no convencionales o incidente fronterizo, sino una medida de política económica. Sin ningún aviso oficial por los canales convencionales, el 30 de noviembre el régimen ha empleado el sistema de video orwelliano que le permite acceder a todos los hogares para comunicar a la población que los antiguos billetes serán sustituidos por otros, revaluándose la moneda por un factor 100. Es decir 100 antiguos Won se convertirán en una de las nuevas unidades monetarias en curso. Un día más tarde el reducido cuerpo diplomático acreditado en Pyongyang fue informado de la decisión.

Ante el hermetismo oficial, la principal fuente para conocer con algún detalle lo acontecido en el aislado país han sido los comerciantes norcoreanos activos en China. Varios de ellos han declarado que la revaluación se empezó a implementar la tarde del 30 de noviembre mediante el cambio de antiguos billetes de 1.000 Won por nuevos de 10.

Hasta aquí el paso nos podría parecer una simple redenominación, diseñada quizás para hacer más fácil la vida de la población al eliminar dos ceros de las transacciones económicas, o una medida para esconder la inflación pasada, sin embargo el régimen también ha indicado que cada familia tan solo podrá cambiar 100.000 Won (500 Euros al tipo de cambio oficial, pero tan sólo 50 al prevalente en el mercado negro). El resto será confiscado.

Ello obedece al deseo oficial de castigar a los beneficiarios de la tímida liberalización emprendida a inicios de la década.

Según diversas fuentes, el anuncio de la medida generó un notable caos y ansiedad entre la población norcoreana, y muy especialmente entre los comerciantes activos en los mercados privados.

La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).Fuente: Gobierno de Corea del Norte

Entre los incidentes que han trascendido a los medios de comunicación surcoreanos y occidentales se encuentran:

• Fuertes tensiones y disputas familiares en la ciudad de Sinuiji, cerca de la frontera china. Según uno de sus habitantes “Los lloros y las peleas entre las parejas no han cesado en ninguna parte. La atmosfera de la ciudad es terrible”.
• El suicidio de una pareja de jubilados en la provincia de Hamgyong. Se trata de una zona adyacente a China, en la que tiene lugar mucho comercio ilegal.
• Los temores de muchos funcionarios locales de las provincias cercanas a China que la medida provoque disturbios.

Han contribuido a la alarma social la falta de transparencia sobre el alcance y los fundamentos de la medida, así como el cierre de comercios decretado por el gobierno mientras se efectúa el cambio de los antiguos billetes por los nuevos. A ello se unen los temores sobre la imposibilidad de adquirir alimentos por parte de las familias que aún no han recibido los nuevos billetes.

Según algunas fuentes la fuerte reacción de la población ha obligado a las autoridades a elevar la cantidad de fondos que se permitirá cambiar, situándose en 150.000 Won en papel moneda más 300.000 Won en depósitos bancarios, una vez investigado el origen de éstos.

El dos de diciembre, dos días tras el anuncio de la revaluación, en la capital tan sólo los comercios y restaurantes que cobran en divisas permanecían abiertos. Se trata de unos pocos establecimientos reducto de los escasos extranjeros residentes en Pyongyang y de la minoría privilegiada. El resto esperaba continuar cerrados al menos otra semana, mientras se efectuaba el cambio de billetes.

También fueron cerrados los autobuses de largo recorrido y todo tipo de servicios, desde las barberías hasta las saunas.

Las reformas económicas en Corea del Norte

La medida supone un paso atrás en la tímida liberalización de la economía iniciada en el año 2002, en que el régimen, tras varias hambrunas que la década anterior habían supuesto la muerte de millones de norcoreanos, optó por permitir la apertura de mercados privados donde se podían adquirir alimentos y demás productos de primera necesidad. La medida tuvo una gran éxito tanto entre agricultores como consumidores.

El nacimiento de estos mercados, medida acompañada por una reducción de las raciones oficiales, junto con el perseguido pero generalizado mercado negro, ha permitido a gran parte de la población subsistir y alcanzar un modesto nivel de vida que sin embargo es mucho más alto que el que la economía oficial les podría proporcionar.

Simultáneamente estos mercados libres han supuesto la aparición de una incipiente clase media que aunque reducida es claramente visible al visitante extranjero. Testigo de ello es la popularidad de los teléfonos móviles en la capital.

Los beneficios del surgimiento de estos mercados no se repartieron de forma uniforme. Las zonas rurales, productoras de alimentos, se cuentan entre las principales beneficiarias, mientras que el noreste, donde se concentran las industrias estatales, contempló con temor los cambios. Sin embargo la proximidad de dichas provincias con China ha supuesto la posibilidad de embarcarse en un generalizado contrabando de productos con el país vecino.

El impacto de la medida

Las limitadas reformas económicas descritas han supuesto la aparición, como hemos comentado, de una pequeña clase media. Este colectivo es precisamente la gran víctima de la medida, puesto que se puede encontrar de la noche a la mañana con la pérdida de buena parte de sus ahorros.

Aunque es previsible pensar que muchos de ellos eran conscientes de la posibilidad de que el régimen tomase una medida de este tipo y que por éste y otros motivos habían diversificado sus activos, adquiriendo por ejemplo divisas extranjeras y metales preciosos, no todos ellos han tenido esta oportunidad. Además del riesgo que supone ser visto por las autoridades como alguien que dispone de esta clase de activos, hay que tener en cuenta que los pequeños comerciantes por fuerza necesitan disponer de cierto capital flotante en la divisa norcoreana para adquirir los objetos que venden y por ser ésta la moneda en que reciben los pagos de sus clientes.

Por eso son los estratos más bajos de la nueva clase media, en muchos casos pequeños comerciantes a tiempo parcial que buscaban un suplemento a sus míseros sueldos o pensiones, los más duramente golpeados por la confiscación.

En cambio las familias más adineradas, que han aprovechado los tímidos pasos del régimen hacia una cierta liberalización en el ámbito económico, acumulando notables capitales, aunque también se espera que sufran por la medida es probable que tuviesen un porcentaje más bajo de su patrimonio en la divisa nacional.

Cuestión aparte son los allegados al régimen, que posiblemente fueron informados con antelación de la medida o de una u otra forma serán capaces de sortearla.

La República Popular Democrática de Corea. Fuente: Gobierno de Corea del Norte

De cara al futuro es probable que la revaluación y confiscación no sean fácilmente olvidadas por la población, muy especialmente por los participantes en la pequeña economía de mercado que, de forma tolerada o clandestina, se van abriendo paso. Ello significará, entre otros, un empleo aun más generalizado de otras divisas, como el dólar norteamericano o el RMB chino.

Motivos y análisis político

La justificación del régimen y que éste ha intentado transmitir a la población a través de su maquinaria propagandística, ha sido intentar acabar con una naciente clase social considerada ajena al modelo económico oficial, basado en la más estricta planificación económica.

Por otra parte también ha indicado que la medida tiene como objeto controlar la inflación, disminuyendo la cantidad de moneda en circulación.

Aunque en los últimos años la difícil situación económica ha obligado a Pyongyang a dar tímidos pasos hacía una cierta tolerancia de las transacciones económicas privadas, ello no significa de ningún modo que los jerarcas del régimen hayan optado por seguir el “modelo chino”, es decir liberalización económica bajo un férreo control político. Consideraciones ideológicas aparte, parece ser que el Partido de los Trabajadores Coreanos teme que un avance gradual hacia la economía de mercado desembocaría inexorablemente en una emergencia de focos de oposición al régimen.

Ello explicaría por qué estos pasos han ido seguidos a menudo de golpes de timón e intentos de volver a la más estricta ortodoxia estalinista.

Sin embargo el régimen, envuelto actualmente en múltiples rumores e intrigas relativas a la sucesión de Kim Jong-il, no es necesariamente tan monolítico como nos puede parecer en una primera aproximación, o al menos es consciente de la posible impopularidad de la revaluación de la moneda.

Aunque pueda haber un segmento considerable de la población que se alegra por la misma, movida por la ideología oficial que le es inculcada desde el nacimiento o simplemente por la envidia, pecado capital que trasciende culturas, sus responsables son conscientes que serán muchos quienes padecerán sus consecuencias o simplemente la considerarán negativa.

Quizás por ello el régimen ha optado por presentarla como fruto exclusivo del actual primer ministro, Kim Yong-il, aunque probablemente la decisión ha sido aprobada personalmente por el líder supremo, Kim Jong-il. Algunos expertos consideran que el “cerebro” origen de la medida es Pak Nam-gi, director del Departamento de Planificación Financiera del Partido de los Trabajadores y máximo responsable de la economía civil del país.

Esta atribución permitiría a los principales líderes norcoreanos, incluido quien acabe sucediendo a Kim Jong-Il, evitar ser asociados con la medida, en caso de que ésta fracase o genere malestar y protestas. El régimen deja así abierta la puerta a una hipotética continuidad de las reformas económicas, presentando este paso atrás como obra personal del primer ministro.

Una reflexión final: reforma económica y transición política. Seguridad en Asia Oriental

Cincuenta y seis años tras el armisticio que puso fin de hecho, sino de derecho, a la Guerra de Corea, nos encontramos aún con un régimen norcoreano encerrado en si mismo, hostil hacia todo lo extranjero, que destina la mayor parte de recursos del país a la defensa y que no se decide a dejar paso, aunque sea poco a poco, a la economía de mercado pese al constatado fracaso de su planificación centralizada.

La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).Fuente: Gobierno de Corea del Norte

Los distintos pasos, tomados por sucesivos gobiernos surcoreanos, en pos de una cierta cooperación económica con el norte, no han dado el fruto deseado. Se han abierto algunas vías de comunicación, incluidos servicios regulares de transporte de mercancías por ferrocarril y barco, se ha creado un parque industrial (en Kaesong), y una zona turística (en el monte Kumgang, de gran simbolismo cultural y religioso), pero diversos incidentes han paralizado en gran medida estos proyectos, que al menos de momento no han dado el fruto deseado.

El objetivo de Seúl al promover estas iniciativas es doble: por una parte contribuir a superar la enorme desconfianza de Pyongyang traducida en constantes incidentes, y por otra intentar recortar el abismo que separa el nivel de vida en las dos Coreas. Se trata de una diferencia mucho mayor que la que se daba entre las dos Alemanias antes de su reunificación, y Seúl que ha observado los notables costes que ha supuesto a Alemania Occidental acoger en su seno los länder del Este y que aún hoy lastran su economía, preferiría recortar distancias con anterioridad a un hipotético cambio político en el Norte que permitiese emprender la reunificación de la Península.

Las preocupaciones de Pyongyang son sin embargo otras, o más bien otra: la supervivencia del régimen. Ello se ha traducido a nivel interno, como hemos comentado, en una constante marcha adelante y atrás en materia de reformas económicas, por el temor a que supongan la pérdida de control sobre la sociedad, mientras que a nivel externo el régimen ha optado por destinar ingentes recursos al mantenimiento de una enorme, aunque obsoleta, maquinaria militar. Esta maquinaria incluye armas no convencionales cuyo papel es triple:

• En primer lugar elevar el coste que supondría una hipotética invasión. No olvidemos por ejemplo la escasa distancia que separa la capital surcoreana de la frontera. Se trata por tanto de la clásica disuasión.
• En segundo lugar obtener ingresos u otros sistemas de armamento, mediante el comercio bélico con otros regimenes. Este tipo de acuerdos se hallan ampliamente documentados habiendo tejido Pyongyang una tupida red que le une con otros países considerados una amenaza para la paz mundial.
• Finalmente, la diplomacia norcoreana ha empleado con gran habilidad la existencia de estos programas de armamento no convencional para obtener una serie de ayudas económicas y de contrapartidas políticas tanto de Corea del Sur como de los Estados Unidos y sus aliados, quienes, temerosos de una nueva guerra abierta en la península y con gran parte de su capacidad militar comprometida en Oriente Medio y Asia Central han optado por la diplomacia de talonario para persuadir al régimen que renunciase al menos a su programa nuclear militar.

Ante esta situación, brevemente resumida, ¿Cuál es la trascendencia de la media analizada? Su importancia se halla ligada a su impacto en dos de las tres vías por las que el comunismo podría desaparecer de Corea del Norte:

• Derrota militar del régimen. Muy probable en caso de reprenderse las hostilidades puesto que el gran volumen de tropas de las Fuerzas Armadas del país esconden una debilidad considerable a nivel tecnológico y en campos como la aviación. Sin embargo ni Corea del Sur ni Estados Unidos desean optar por esta vía.
• Revuelta interna. Es muy difícil predecir las probabilidades de que tenga lugar. La falta de información impide tomar el pulso a la opinión pública, mientras que el férreo control a que ésta es sometida hacen muy complicada cualquier actividad opositora. Sin embargo en algunos casos similares se ha acabado demostrando que regimenes aparentemente sólidos eran de hecho muy frágiles.
• Evolución gradual, empezando por una liberalización económica que permita el surgimiento de una amplia clase media. Esta clase media acabaría presionando a favor de la democratización, siguiendo el modelo observado en países como Corea del Sur o Taiwán.

En relación con la segunda posibilidad, la revaluación ha generado sin lugar a dudas rechazo entre amplias capas de la población, pero por el aislamiento del país es difícil cuantificar dicho efecto así como su impacto a largo plazo. Además, supone un paso atrás a nivel económico y puede desembocar en un empeoramiento de la ya difícil situación económica, evidenciada en el hecho de que alrededor de una cuarta parte de los jóvenes llamados a filas son exentos por motivos médicos, la mayor parte fruto de la desnutrición durante su infancia y adolescencia.

En lo que atañe a la tercera, la medida del régimen supone frenar, al menos de momento, la premisa en la que se sustenta, esto es la introducción gradual de mecanismos de mercado que suplementen y más adelante sustituyan la planificación centralizada que una vez más solamente ha dado como fruto el hambre, el frío y la muerte.

Teniendo en cuenta el proceso de sucesión en que se halla actualmente sumergido el régimen y que podría en cierto modo estar detrás de la revaluación, será probablemente necesario esperar al menos unos meses para ver si la medida es un signo de que la planificación económica continuará siendo la piedra angular de la economía norcoreana durante los próximos años o si se trata del último coletazo de una ortodoxia condenada a seguir los pasos emprendidos hace treinta años por China.

Alexandre Calvo Cristina
Profesor de relaciones internacionales, European University.

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Sin hacer demasiado énfasis en detalles técnicos que son de público conocimiento, me gustaría centrarme en el debate ideológico que dispara el tan mentado plan de Reforma de Salud de la Administración Obama.

¿Se encuentra la sociedad norteamericana preparada para un cambio de semejante envergadura?

La respuesta no se vislumbra hasta el momento con claridad, lo que sí se puede apreciar es que una gran parte de los contribuyentes no ve con buenos ojos las políticas de estado inclusivas que quiere llevar a cabo el gobierno demócrata. La economía norteamericana pese a ser la mÁs grande del mundo dista mucho de satisfacer las necesidades básicas de salud de sus habitantes.

El modelo de Estado de Bienestar, siguiendo a Sping Andersen, adoptado por EEUU se ha caracterizado por focalizar sus políticas sociales solamente en aquellos sectores de la población que demuestren una necesidad (1). Dentro de este esquema de estado liberal, la ayuda social sólo se centraliza en los “perdedores” del sistema, generando un efecto negativo de estigmatización de la pobreza. Estas personas reciben cobertura de salud a través del sistema medico asistencial: Medicaid.

Las personas mayores de 65 años lo hacen a través del Medicare.

El sector de la sociedad más rico accede al sistema de salud a través del sistema privado, con costos exorbitantes a raíz de la perversidad del sistema que genera una demanda exagerada de estudios y prestaciones.

Sin embargo 47 millones de personas no tienen acceso a cobertura alguna, ya que no son lo “suficientemente” pobres para recibir la ayuda del estado, pero tampoco lo suficientemente ricos para acceder al sistema privado. Ahí radica la iniciativa del gobierno de Obama, lograr el acceso universal al sistema de salud para todo ciudadano norteamericano.

Ante este panorama, amplios sectores de la sociedad norteamericana no están de acuerdo en que parte de sus impuestos sean transferidos para subsidiar a aquellos que no pueden costear su salud.

Llama la atención que, siendo EEUU una potencia política-económica presente un cuadro tan excluyente con respecto a la cobertura social de sus habitantes. Las expresiones de su sociedad reflejan un crudo individualismo y un desprecio por aquellas personas que el mismo sistema ha marginado.

Sin lugar a dudas el paradigma neoliberal esta vigente hoy más que nunca y hay que tener en cuenta que el lobby de la corporación de salud privada presiona sobre el congreso norteamericano torciendo voluntades para que no se reforme el sistema. Se trata de una política social muy importante que no solo pondría límites a un negocio fabuloso sino que también le daría mayor calidad de vida a millones de personas.

La intervención del estado en la economía no está bien vista por ciertos grupos de presión y reaccionan cuando sus intereses se ven amenazados.

Es curioso pensar que los mismos sectores que se oponen a la reforma callan ante el fastuoso déficit que el estado gasta en el complejo militar-industrial.

Los detractores de la reforma denuncian un intento de “socialización” del sistema y acusan de “comunista” la iniciativa, en un intento por descalificar una medida que daría cobertura médica a más del 15% de la población del país.

Por otra parte en el Congreso, la ley no solo tendría la oposición del sector republicano sino que también existe un sector dentro del partido demócrata que no apoyaría la iniciativa del gobierno, esto se debe en parte a que en EEUU los senadores y representantes no están disciplinados con sus partidos, lo cual muchas veces favorece el juego democrático y otras tantas perjudican las iniciativas de gobierno.

Aquí surge una nueva pregunta, ¿Cómo afectaría a la imagen del presidente el rechazo de la reforma?

Hay que tener en cuenta que esta iniciativa fue unos de los pilares de Barak Obama tras llegar a la presidencia y de no lograr la reforma este año, su figura política quedaría muy debilitada teniendo en cuenta que su mandato promedia el segundo año.

Por otra parte el rechazo a la reforma provocaría una derrota política que, sin exagerar, significaría tal vez el principio del fin, y con ello también el fin de la esperanza de miles de norteamericanos que votaron por un cambio dentro del sistema para disminuir la escandalosa desigualdad que hoy tiene la sociedad norteamericana.

¿Tendrá el gobierno de Obama el “poder real” suficiente para llevar a cabo tales reformas?

Franco D. Bonaro
Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
Universidad Católica de La Plata
Buenos Aires- Argentina

Referencias

(1) Gosta Sping-Andersen “The Three Worlds of Welfare Capitalism”, 1990

(2) Organización Panamericana de la Salud new.paho.org/hq/

(3) www.barackobama.com

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Uno de los momentos más importantes de la aparición de los pueblos indígenas en la arena social y política fue la llamada “década de los pueblos indígenas” declarada en el año 1993, asumida por los gobiernos y las Naciones Unidas, de esta manera se proyectaba a nivel internacional la injusticia que históricamente se ha cometido contra ellos a la vez que se iniciaba la búsqueda del reconocimiento de sus derechos civiles, sociales, culturales y económicos.

Debido a la complejidad y diversidad de América Latina, resulta bastante difícil realizar trabajos de análisis con objetividad, pero resulta aun más difícil, referirnos a su coyuntura político-social, abordar la cuestión indígena tiene algunos retos que van desde lo teórico hasta conocer el porcentaje que estas poblaciones representan en los en cada uno de sus países, sus demandas y la viabilidad de éstas. El tema es de gran importancia para Latinoamérica, porque por primera vez en su historia las poblaciones indígenas han demostrado tener voz y voto.

A manera de introducción, el concepto de exclusión social en principio fue utilizado en Francia, Italia y los países nórdicos para explicar los nuevos fenómenos sociales y económicos relacionados con la globalización, el empleo precario y el subempleo, la inserción económica, política y cultural de los inmigrantes. El concepto, también se empleó para explicar la desintegración social producto de diferencias étnicas, Gacitúa y H.Davis, (2000), definen a la exclusión social como los mecanismos a través de los cuales personas y grupos son despojados de la participación y titularidad de los derechos sociales o como un proceso que excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades económicas y sociales.

El concepto de exclusión es más amplio que el de pobreza porque es un fenómeno que no solamente está ligado a la exclusión de los mercados sino también a las instituciones sociales y culturales. La Organización Internacional del Trabajo OIT, se refiere a la exclusión social como fenómeno multidimensional de segundo orden, que involucra tres dimensiones, la económica, la política y la cultura, con la acumulación de estás tres dimensiones se dificulta la capacidad de los grupos sociales e individuos para cambiar su posición, tanto en términos de ingreso como de jerarquía social.

En América Latina, se ha utilizado con algunas variaciones en diferentes contextos para explicar los fenómenos de marginalidad y pobreza. Una de las limitaciones al trabajar el análisis de la exclusión de los pueblos indígenas se debe a la inexistencia de un marco teórico y los instrumentos metodológicos apropiados a las diferentes realidades, dicho concepto comúnmente se utiliza para explicar fenómenos aislados de cada una de las dimensiones o factores que provocan la generación de la marginalidad, desigualdad y pobreza.

Indígenas de Guatemala. Fuente: Global Affairs

Exclusión, se estaría entendiendo como el resultado multidimensional de un proceso que se ha repetido a lo largo del tiempo, dicho concepto podría ser tomado como válido para explicar el origen de la exclusión que han vivido las poblaciones indígenas.

De lo anterior surge las siguientes preguntas, ¿a cuánto asciende la población indígena en América latina?, y ¿qué entendemos por poblaciones indígenas? Se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables, con una población alrededor de 40 millones de personas. México tiene la población más numerosa con alrededor de 10 millones de indígenas que representan entre el 12% y 15% de la población. Tanto en Guatemala como en Bolivia, los indígenas constituyen más de la mitad de la población, 50% y 81 % respectivamente en Perú el 40% y Ecuador 35%.

De acuerdo a Melatti (2007) han existido diferentes criterios para definir indígena, por ejemplo, el racial, el legal, el cultural, el desarrollo económico o la autodefinición étnica. El racial toma en cuenta una identidad racial evidenciada por el físico haciendo la diferenciación con el de los conquistadores europeos, es necesario tener en cuenta que los indígenas no son morfológicamente homogéneos y por otra parte que desde los inicios de la colonización se produjeron mezclas, entre indígenas con blancos y con negros.

El criterio de autodefinición étnica es recomendable tenerlo como referencia a la hora de trabajar dicha definición, aunque no solamente se trataría de autodefinición sino también de identificación y aceptación por los otros grupos sociales, como veremos a continuación.

En el I Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcuara, México en el año 1940, se define al indígena como el “individuo económica y socialmente débil”, la anterior definición muestra un reduccionismo y una fuerte carga de negatividad. Posteriormente en el II Congreso Indigenista Interamericano de Cuzco, Perú, realizado en el año 1949, se presenta una definición más rica y compleja, considerada una de las primeras definiciones oficiales.

Aunque cuando estudiamos la cuestión indígena, encontramos investigadores bastante críticos que no estarían particularmente interesados en tener una definición puntual. Simpson señala que los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para elaborar una definición obligatoria, inclusiva, son proclives a insumir una considerable cantidad de tiempo y energía y con ello se podría estar distrayéndola de otras actividades más fructíferas

En la actualidad encontramos instrumentos legales internacionales como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas del año 1989, “Indígena se llama a los descendientes de los habitantes originales de una región geográfica antes de la colonización y que han mantenido total o parcialmente sus características, culturales, lingüísticas y de organización social”.

Uno de los obstáculos para encontrar una definición de pueblos indígenas, se debe a la relación histórica que algunos grupos de indígenas latinoamericanos han mantenido con el Estado y la sociedad dominante. En algunos países como Perú, Guatemala y Bolivia, los conceptos de indio, indígena y mestizo, se han convertido en términos sociales en vez de conceptos étnicos.

Existe la necesidad de tener en cuenta los criterios taxonómicos aceptados por las propias poblaciones indígenas, partiendo que el autóctono es la persona que es miembro de una población autóctona por auto- identificación, con conciencia de grupo y que es reconocido y aceptado como parte del grupo. Ello estaría otorgando a las comunidades autóctonas el derecho y el poder soberano de decidir quiénes son sus miembros sin imposición de otros agentes.

La palabra «indio» ha sido recuperada por los propios indios como signo de identidad y de lucha. Del mismo modo, el término «indianismo», derivado de indio, se viene utilizando en los últimos años para designar la ideología reivindicativa de los indios y su lucha contra el colonialismo interno en contraposición al indigenismo, que nace del interés, no exento de paternalismo, de los no indios por lo indio y que se ha traducido a través del Estado en un aparato ideológico característico de América, destinado a reproducir la situación colonial interna de los pueblos indios y su condición de minorías sociológicas (Ruiz Jiménez, 2004, 575).

En las últimas dos décadas se ha observado que existe una creciente sensibilidad a nivel internacional referente a lo indígena, como se señala en la declaración de la ONU, del Año Internacional de los Pueblos Indígenas en 1993 y la década Internacional de los Pueblos Indígenas 1994 - 2004. Existen preocupaciones debido a la degradación medioambiental, el deterioro de la biodiversidad y el impacto de homogenización que culturalmente se está dando por la globalización.

Ello ha despertado un importante interés respecto a la forma de vida que tienen los pueblos indígenas, porque sus modos de vida se adaptan e interactúan con el entorno natural. Por esta razón a los indígenas se les aprecia como un bien a conservar en un contexto culturalmente uniformador y en los modelos de desarrollo sostenible (Ídem).

En algunos países se han promulgado nuevas constituciones, lo interesante de ellas es el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, también el carácter pluricultural y multiétnico de los estados. Con diferente «matices», dichas constituciones han reformulado el reconocimiento y el respeto de los pueblos indígenas.

Orígenes de la exclusión

Los orígenes de exclusión de los pueblos indígenas latinoamericanos tienen un trasfondo histórico. La raíz de ello la encontramos en la dominación y exclusión colonial, también en las pretensiones de homogeneidad del Estado de los siglos XIX y XX, lo que ha contribuido a la reproducción de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales.

Durante la colonización española las poblaciones indígenas vivieron diferentes períodos, en algunos, a los conquistadores se les dejó hacer lo que ellos quisieron, en otros momentos la Corona defendió el derecho indígena a la tierra y en otros períodos los indígenas vivieron la esclavitud cobriza. Se llama esclavitud cobriza, para diferenciarla de la esclavitud negra de los africanos llevados como esclavos a América.

Conquistar las “nuevas tierras”, fue uno de los principales objetivos de los españoles y portugueses, utilizando la doctrina del descubrimiento justificaron la apropiación de las tierras, sobre las bases de las bulas papales de Alejandro VI de 1493, donde se autorizaba a los monarcas de España y Portugal a tomar el control de las tierras descubiertas al igual que a sus habitantes a los que se debería evangelizar (Aylwin, 2002, 9-20). La estrategia de la Conquista española, consistía en una actitud física, acompañada de la conversión y sometimiento espiritual, después del sometimiento físico y militar seguía su sometimiento y transformación a manos de los colonizadores.

Indígenas en Guatemala. Fuente: Global Affairs

De acuerdo a López Bárcenas (2007), para asegurar las propiedades crearon las encomiendas, o sea la concesión por parte de la corona española de uno o varios pueblos a los conquistadores o vasallos y sus familias para que trabajaran para él y le rindiera tributos, la apropiación no era sólo de los bienes de los pueblos sino de los mismos pueblos. Éstos deberían evangelizar a los pueblos que quedaban lejos bajo su poder, contribuyendo de esa manera a promover la conquista espiritual.

Se mantuvo el principio de pureza de sangre, un recurso importante para conservar privilegios, la pureza de sangre implicaba la ausencia de sangre judía o mora, la que se consideraba contaminada e infectada. Pérez de Lara, defendía que la cuestión con los indios no era por tener dichas mezclas, sino porque no se podía verificar que fuesen antiguos cristianos. En España, se mantenía la práctica que ni indios, ni negros, ni sus descendientes fuesen admitidos donde hubiera estatus que exigiesen la limpieza de sangre. (1)

En el siglo XVII, la dinastía de los Borbones, introducen una idea basada en la protección de «los naturales», se establece una sociedad de castas, donde los peninsulares son los que detentan el poder político y gozan de todos los derechos, a los criollos no se les trata de igual manera, tienen muchos derechos pero se les niegan algunos.

Las clases bajas estaban segmentadas en diversos grupos basados en una suerte de pureza de sangre, el criollo era un mestizo de clase alta, negros e indios formaron categorías raciales claramente distintas, existieron múltiples combinaciones, los mulatos eran los combinados entre blanco y negro, y zambos entre negro e indio.

Al finalizar la colonia los indígenas se habían convertido en un grupo excluido. Sin embargo, se pretendió la protección de los pueblos indios, las comunidades indígenas y las tierras indígenas.(2)

En 1825 la Constitución bolivariana, la primera de la república, no tomo en cuenta a los indios. La esclavitud se continuo practicando en las haciendas, obrajes en las minerías. Se aprobó la ley de desvinculación con la que se aceleró el despojo y avallasamiento de las tierras comunitarias en donde se empleaba la fuerza pública como instrumento de represión (González Pazos y Gabe, 2009, 181-200).

En el caso guatemalteco, la situación fue similar, comúnmente “ladinos” son todos los que no son indios, Severo Martínez explica que el uso de esta palabra surge con la legislación del presidente Barrios, “para esa legislación existen sólo dos categorías básicas: Indios y Ladinos”, En esa época todo el que pudiera definirse como ladino, no era indio y por lo tanto no estaba sujeto al reglamento de jornaleros o trabajo forzoso.

Posterior a la independencia, la construcción del nuevo Estado fue igualmente excluyente, de acuerdo al pensamiento de Boliviar la mezcla de razas y el aniquilamiento de los indígenas durante la conquista y la colonia una nueva raza había emergido, ella sería la llamada a ser el pueblo del nuevo Estado. Nosotros que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios, ni europeos, sino una especie de mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. (Ariza, 2004, 38-45).

Desde el siglo XVII, la homogenización de la economía y la política la mantuvieron los criollos, en donde la literatura, las artes y las ciencias son desarrolladas exclusivamente por ellos. El sentido patriótico con tendencia terrateniente y de hacendados hace que sean ellos los que protagonicen la independencia de la colonia española pero este proyecto político no era apetecible ni para los indios, ni para los mestizos, porque la colonia matriz seguiría siendo la misma.

La idea de defender la mezcla de raza como una cuestión del Estado, hasta hace poco tiempo se realizaba en muchos de los países, incluso en aquellos con una población indígena importante. Anterior a la conquista, América era un conglomerado dividido y heterogéneo de reinos, tribus y casicazgo. (3)

Los criollos se consideran como los originarios de la tierra, encuentran en el mestizaje la solución a los problemas de las castas, se refuerza en la medida que criollos ricos o de media riqueza estaban ligados a la propiedad de la tierra, perciben en los indios a los siervos, muchos de ellos casados o hijos de madres indígenas.

Con la compresión de ese proceso histórico se estarían superando las nociones prejuiciosas acerca de la bondad de unos y la maldad de otros porque el desarrollo social no es el resultado de una lucha bipolar de grupos químicamente puros. Dicha compresión nos permite humanizar a los indígenas, no idealizarlos, puesto que la idealización deshumaniza porque desemboca en paternalismo.

Lo anterior nos demuestra no solamente la acumulación de tierras por parte de un sector sino también la concentración de poder económico, político y social de una pequeña élite. Es necesario entender cuáles son los orígenes y como se ha reproducido el proceso de exclusión social, de igual manera es importante no politizarlo sino desarrollar un sentido político del asunto, uno de los primeros pasos para superar la actual exclusión de los pueblos indígenas y trabajar para que su antónimo integración social sea una realidad.

Fran Espinoza
Politólogo, Doctorando en Estudios Internacionales e Interculturalismo Universidad de Deusto, UD, Bilbao, profesor investigador de la Cátedra UNESCO- Santander, UD.
Notas:

(1)“La dominación física de los aborígenes no sólo aseguraba el acceso a un territorio nuevo y sus riquezas sino también la consecución de una fuerza laboral explotable sin más límite que su propia extinción. Por ello, «la espada se convirtió en un eficaz de movilidad social. Para los colonizadores castellanos, el mejor indio vivo tributario”(Ariza 2004, 13-45).

(2)“Durante los siglos dieciséis y diecisiete los indígenas fueron expoliados de sus tierras, muchas áreas densamente pobladas por indígenas dejaron de estarlo, se constituyeron haciendas, estancias y fundos que pusieron la mayor parte de las tierras latinoamericanas en manos de familias primero españolas y luego criollas. No ocurrió el mismo proceso al finalizar la Colonia, en el siglo dieciocho, en las que las fronteras entre haciendas y tierras indígenas se establecieron”(Bengoa, 2007:160)

(3) “La raza española fundió en su sangre la heterogeneidad de las Indas que dio como resultado una nueva estirpe …el catolicismo derrocó los ídolos y sanguinarios, eliminó las fratricidas costumbres, regeneró la poligamia e incestuosa familia aborigen, sentó cátedra de caridad hermanando las dos razas y depurando los politeísmos, brujerías y teocracias…El catolicismo creo en América, del acervo de indios,, ladinos, criollos y peninsulares, “un solo corazón y una sola alma” (Mata Gavidia, 1981:81).

Bibliografía
i ARIZA, Libardo José: Identidad indígena y Derecho estatal en Colombia, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004.
ii BENGOA, José, La emergencia indígena en América Latina Santiago, Chile : Fondo de Cultura Económica, 2007.
iii Mata Gavidia, José (1981), La influencia de España en la formación de la nacionalidad Centro Americana, Editorial José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, Ciudad de Guatemala
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Assies, Willem, Van der Haar Gema y otros, El Reto de la Diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, El Colegio de Michoacán, México, 1998.

González, Mary Lisbeth, Las poblaciones indígenas y la pobraza en América Latina, “Magnitud de la población indígena”. Copiladores Psacharopoulos George y Padrinos Harry Antony, Estudio empírico, Banco Mundial, Estudios Regionales y Sectoriales, Washington, D.C, 1998.
GACITÚA y H. Davis, “Pobreza y exclusión social en América Latina y el Caribe», en Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina”, Editores, Estanislao Gacitúa, Carlos Sojo y Shelton Davis, 1a. ed, San José, C.R.: FLACSO: Banco Mundial, 2000.
LÓPEZ, Bárcenas, Francisco, “Las rebeliones indígenas en la mixteca”. La consolidación del Estado Nacional y la lucha de los pueblos por su autonomía, Colección Derechos Indígenas, mc editores, Ciudad de México, 2007.
MARTÍNEZ, Pelaés, Severo, “Ensayo de Interpretación de la Realidad Colonial”, La Patria del Criollo, Ciudad de México, Editorial Fondo de Cultura Económica II edición, 1998.

MELATI, Julio Cezar, Indios do Brasil, Editora da Universidad de Sâo Paulo, Brasil,2007.

MORALES, Mario Roberto, “Diagnóstico del racismo en Guatemala”, volumen V, Marta Casaús (dir), Amilcar Dávila (coor). Ciudad de Guatemala. Vicepresidencia de la República, 2006.
MORALES, Mario Roberto, La articulación de las diferencias y el síndrome de Maximón, Ciudad de Guatemala, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 1999

SIMPSOP, Tony Patrimonio, Indígena y autodeterminación, Programa de los Pueblos de los Bosques, Copenhague, Dinamarca, 1997.
OLAECHEA, Labayen, “El indigenismo desdeñada”, La lucha contra la marginación del indio en la América Española. Colección Realidades Americanas, editorial MAPFRE, Madrid, 1992.

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Los gobiernos de Kenia y Uganda, los cuales se reunirán para revisar las condiciones de la privatización de sus sistemas conjuntos ferroviarios deberían considerar la cancelación de la concesión de 25 años otorgada a Sheltam Rail de Sudáfrica por las repercusiones no sólo económicas de ésta operación sino también sociales. Este es un ejemplo más de la falta de transparencia en los concursos de los gobiernos africanos a la hora de privatizar los servicios públicos.

Es bastante evidente que el inversor no dispone del dinero suficiente para invertir en la línea ferroviaria. También comienza a ser claramente evidente que la concesión es una oportunidad desaprovechada para desarrollar un tipo de sistema ferroviario moderno, eficiente sin el cual las economías tanto de Kenia como Uganda estarían en desventaja. Un servicio necesario para impulsar las economías de ambos países y avanzar hacia un mayor desarrollo económico.

En el año 2006 los gobiernos dieron este activo, valorado por algunos en 5.55 mil millones de euros a Sheltam.

El inversor fue incapaz de pagar la tasa de alrededor de 5 millones de euros requerida para entrar en la operación. Grandes inversores como el Banco Mundial, en teoría instituciones que otorgan créditos, no prestaron toda la cantidad de dinero porque no encontraban las garantías suficientes para llevar a cabo la operación.

Los gobiernos aseguraron que no estaban buscando un director para la red ferroviaria simplemente a un inversor que tuviera el dinero suficiente para mejorar el servicio y llevar los servicios ferroviarios de África del Este a un nivel más alto.

Sheltam Rail, hasta la fecha no ha invertido su dinero en Kenya Railways. En lugar de ello se columpió con una serie de pretendientes y estuvo envuelta en una serie de enredos, disputas y dramas judiciales.

La población de Kenia ha hecho grandes sacrificios por esta línea ferroviaria. Se ha sostenido durante 100 años gracias a su esfuerzo. Para dulcificar la concesión, el gobierno se encargó de la deuda y acordó despedir a 6.000 trabajadores.

Las repercusiones sociales de esta medida son incalculables, el sufrimiento causado a las familias de los trabajadores que han dedicado su viada laboral a mantener un viejo y oxidado sistema ferroviario en funcionamiento es muy elevado.

El único beneficiario

Tras tres años desde la concesión no existe ninguna señal apreciable de mejora del servicio. Durante el primer año, la compañía perdió cerca de 9.25 millones de euros y en el segundo año perdió más de esta cantidad. Entonces ¿cuál es el valor real de esta privatización? ¿qué obtienen los ciudadanos africanos de ella?

El único beneficiario es el nombrado inversor. Parece que el consorcio Rift Valley Railways firmó un contrato de gestión con una compañía asociada de Sudáfrica por el cual la línea ferroviaria paga el 2 por ciento de sus ingresos como impuestos de gestión.

Entonces, independientemente del tamaño de las pérdidas declaradas y de las familias afectadas el inversor todavía obtiene millones de beneficios.

El inversor aseguró haber gastado alrededor de 6.5 millones de euros en el proceso de adjudicación. Dejando de lado el puzzle que supone averiguar de donde tales compañías pequeñas obtienen esa cantidad de dinero e incluso teniendo en cuenta que esos concursos son para importantes trabajos que resultan caros, esta cantidad gastada en una oferta parece ser la causa que invita a una revisión cuidadosa.

Las reputaciones de los tecnócratas del Tesoro y del Banco Mundial que organizaron este acuerdo están en peligro. Al igual que los miles de millones invertidos por capitales privados.

Bibliografía:

- “Railway concession a shameful scandal”, Daily Nation (Kenya), 25 enero 2010.

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La adaptación de las ideas centrales del modelo de economía social de mercado es una tarea compleja en el campo del desarrollo, los aspectos referentes a la inclusión como punto de partida y elemento permanente del modelo han sido sostenidos insuperablemente por Amartya Sen en sus ensayos recientes. Con toda la seriedad y con un buen ánimo, el profesor Sen recuerda el famoso estribillo de los Beatles. “I can get with a little help from my friends” para dar forma concreta a las ideas de Rawls sobre la igualdad de oportunidades. Agua potable, participación de la mujer, libertad en el control natal, educación básica de calidad, acceso al desarrollo tecnológico, en fin, aquellas cosas que derrotan la pobreza sin discusiones subalternas trazan el rumbo y subrayan los asuntos impostergables.

Al final, los trabajos de Douglass North en economía institucional y todos los aportes sobre dotación de bienes públicos y ruptura de asimetrías en la economía informacional, no son otra cosa que alternativas para materializar la inclusión, para ser posible la concepción de Amartya Sen “Getting by with a little assistance”, para practicar la ayuda para la autoayuda, y que en últimas son profundizaciones e innovaciones sobre los presupuestos fundamentales de la economía social de mercado.

Las concepciones de última generación en las formulaciones neoclásicas o neokeynesianas nos transportan una vez más a los espacios de una bipolaridad sin el campo magnético de una inclusión estable y duradera. La primera, insiste en el sacrificio de las mayorías para facilitar la acumulación y la posterior concentración; Sen la denomina, “sangre, sudor y lágrimas”, salvo en situaciones nacionales especiales de clara configuración cualitativa en donde una fuerte inversión en capital humano, salud pública y política industrial activa hace que el derrame sanguíneo no aparezca.

Para utilizar términos más cotidianos y directos, los economistas latinoamericanos suelen decir que pese a la acumulación no hay un “chorreo” y los mexicanos exclaman: “bastaría siquiera que salpicara”. La segunda, de la cual aún se escuchan proclamas en algunas toldas no renovadas de la social-democracia, insisten en forzar la capacidad de carga del estado hasta saturarla, restando sustentabilidad estratégica al ejercicio, provocando “un paso adelante, dos pasos atrás” en el medio plazo.

Dentro de nuestra concepción no se discute la necesidad de la acumulación. Ella es un supuesto básico de la economía de mercado y una buena política económica debe estimularla para alcanzar tasas significativas de crecimiento. Es parcialmente cotidiano comprender que la solidaridad requiere solvencia, empero la acumulación es un deber más no un haber en la economía social de mercado. Se suele afirmar, crecer es lo primero pero sin embargo, abundan los procesos de crecimiento empobrecedor. Es más, las sociedades en general resisten con el riesgo de sucumbir a las acumulaciones súbitas, son como grandes maremotos tanto peores si su origen y multiplicación están catalizados por el narcotráfico y el crimen que van transformando los territorios en muladares y dejan a los pueblos prisioneros de flujos durante largos años.

El crecimiento, de acuerdo a la economía social de mercado está sustentado y a la vez autorregulado por consideraciones éticas, las cuales refieren a la inclusión, a la sostenibilidad y a la responsabilidad humana, y de ello debe encargarse la política la cual consigue materializar su objetivo de gestionar la convivencia pero es un verdadero compendio de fracasos en cuanto al asumir su cuota de responsabilidad de la suerte de lo humano de forma evolutiva y generacional.

De manera general, la economía social de mercado significa responsabilidad y la acumulación sana evita la multiplicación ilimitada, tiene en la continencia un gran aliado para la sostenibilidad y para definir el grado humanamente admisible de la programación que trae consigo la aceptación de un orden económico y por lo tanto también político.

Este no es un asunto emocional, tampoco meramente autoexhortativo, es imperioso para cualquier apuesta responsable sobre el futuro recuperando la “llave de la moderación”, como lo ha llamado Solzhenitsym, en pleno auge de la globalización superada las fases del mega optimismo y del catastrofismo en torno a proceso económico y de esta manera asistiendo a la mayor formación de riqueza, en el menor tiempo histórico de todo el trasegar humano, es necesario asegurar los espacios y las decisiones colectivas para experimentar satisfacción cada vez más colectiva.

En este nuevo milenio, cuando tragedias como la del tsunami evidencian la exclusión comunicacional, la inexistencia de sistemas de alerta temprana en las naciones más pobres y distantes, en estos años del Airbus A-380 y de los hogares digitales, cuando la extensión del uso del terror, los mecenas y las guerras de imposición parecen ser aceptadas con indiferencia o peor aún, con cierto beneplácito en vastas regiones del mundo, se torna obligatorio apretar el paso en el esfuerzo por conocer más profundamente y mejor la sociedad, intentando otro movimiento para así afirmar responsablemente sin postrarnos en la mera contemplación, más también sin ceder a la tentación clientelista de los poderosos que se auto proclaman grandes profetas y mesías así como podemos recordarlo en los grandes relatos de Enrique Serrano “de parte de Dios” en donde encontramos una similitud con nuestras actuales guerras religiosas “la guerra es la mejor vía para realizar los planes de Dios en un corto tiempo, y luego, al cabo de los años, disculparse con cinismo sin límite, sobre las miles de víctimas, manifestando que Dios les falló”(1).

Otro aspecto en el que debemos reflexionar es el relacionado con la crónica sobre el fascismo que ha estado dominada por los poderes ulteriores que emergieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Al lado de las siempre pertinentes denuncias sobre el holocausto y de las apologías sobre la victoria militar aliada, en la cuales el sentimiento antiestalinista bien fundado inhibe el reconocimiento histórico al sacrificio del pueblo soviético para lograr la derrota del nazismo, de esta manera resaltamos que el mundo y América necesita más pedagogía sobre los peligros del autoritarismo sea político o económico y de los embrujos caudillistas.

Como vendría de bien a nuestros jóvenes latinos y de todas las naciones en desarrollo asistir en amplias delegaciones presenciales al recorrido socio-jurídico Docu-Zentrum en Nuremberg para tomar medidas de atención frente a los riesgos de la fascinación totalitaria, del pensamiento único, del terrorismo de estado, del patriotismo trivial, de las actitudes mesiánicas, de la impunidad para los agentes del terror en todas sus variantes, de los graves resultados que se dan por venganza en cualquiera de sus formas entre una de ellas la impunidad para la suerte de nuestra comunidad.

Por último debemos resaltar la respuesta que la economía social de mercado daría frente al problema de la volatilidad y la arriesgada dependencia de la economía latinoamericana frente a problemas diplomáticos y de caos económico mundial y en qué medida Latinoamérica gana como región en desarrollo con el proceso de globalización y de nuevas conexiones comerciales. De esta forma podemos decir que la ganancia de la región se verifica cuando tiene “acceso real” a nuevos mercados, como consecuencia de exportaciones con valor agregado que se efectúan gracias a la implementación de nuevos conocimientos y tecnologías en sus procesos productivos. Bajo esta dinámica surgen ganadores y perdedores, situación que aplica tanto a los países como a los diferentes grupos de población dentro de cada una de las economías.

La mayoría de los sistemas económicos latinos desde los años 90, en el plano constitucional, tienen conceptos congruentes con el modelo de economía social de mercado resaltando para su desarrollo los principios de soberanía e interés nacional, en donde salimos de unos simples estados de derecho y de un modelo económico simple a uno en el cual la creación de reglas de acceso equitativas y justas deben regular de forma eficiente el derecho a la libre competencia tanto en el mercado interno como en el externo, reglas inclusivas en materia de economía sin menoscabo de los principios superiores sobre la libre iniciativa.

En una coyuntura como la actual, el estado y la sociedad deben evaluar las implicaciones que en el largo plazo generarán medidas y reglamentaciones que involucren al mercado, identificar los sectores vulnerables y comenzar ya a evaluar alternativas de nuevos lugares de comercialización en otras regiones y continentes, y en cuanto al gobierno, éste debería cambiar su rol que no signifique la simple exclusión del mismo de la actividad económica sino su conversión en plataforma animadora de los mercados, factor para la corrección de sus errores, promotor y garante de la competencia y del desarrollo del sector privado.

Edwin Andersson Cubillos Quintero
Diplomado en Altos Estudios de Gobernabilidad, Gerencia Política y desarrollo de proyectos con Marco Lógico por la Universidad del Rosario (Bogotá - Colombia) en convenio con la Universidad George Washington, investigador y redactor del Centro de Estudios sobre integración (CESI - Universidad Javeriana).

Fuentes bibliográficas:

(1) Serrano, Enrique. “De parte de Dios”, Ed. Planeta, 2000. Pág. 85
• Amartya Kumar Sen, Construir confianza - ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones, edición Adela Cortina Orts Madrid, España, 2003
• Amartya Kumar Sen, On economic inequality Publicación de Oxford, Clarendon Press; New York, Oxford University Press, (impresión de 1997).
• John Rawls, La justicia como imparcialidad; traducción de Roberto J. Vernengo, México - Universidad Nacional Autónoma de México, 1984
• Josef Thesing, Economía social de mercado y democracia, editor Guillermo León Escobar H, Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2004.
• G. M. Gilbert, Nuremberg diary, The New American Library of World literature, New York. 1961
• Joe Julius Heydecker y Johannes Leeb, El proceso de Nuremberg Editorial Bruguera, Barcelona.1965
• Enrique Serrano, De parte de Dios. Editorial Seix Barral 2002
• Manuel Castells. ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Editorial Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2003.
• Política Económica y economía social de mercado en Colombia, Soluciones en desarrollo Nº 14, Editado por: Pontificia Universidad Javeriana, Corporación pensamiento siglo XXI y Konrad Adenauer, Bogotá, 2006
• Juan Alfredo Pinto Saavedra. Por una economía social y ecológica de mercado en Colombia Ed. Konrad Adenauer-Stiftung, Bogotá, 2005.

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En el año 2005, en una de las capacitaciones sobre sistema electoral y votación en América Latina realizada en Caracas, uno de los expertos nos comentaba que Brasil cuenta con uno de los sistemas de votación más modernos a nivel mundial. Una colega de Canadá sorprendida, le dijo ¿más moderno que el de Canadá?, el experto le respondió que sí. Y no es para menos, Brasil desde hace más de una década usa urnas electrónicas las que facilitan el voto y los escrutinios, además para la población brasileña no resulta una novedad porque la mayoría se siente familiarizada con ese sistema.

La novedad para los comicios presidenciales de este año es que por lo menos cuatro millones del electorado podrán usar las urnas electrónicas desarrolladas en ese país, las cuales identifican al votante por su huella dactilar. Podría considerarse una cantidad poco significativa si existen 130 millones de ciudadanos habilitados para votar. Pero según el presidente del Tribunal Superior Electoral, TSE, entre seis a ocho años en Brasil se realizaran las primeras elecciones totalmente biométricas.

En las presidenciales de este año, Brasil no solamente demostrará que tiene uno de los sistemas de votación más fiables sino que además por primera vez un país latinoamericano puede decir que dentro de sus temas de campaña electoral desaparecerán preocupaciones como la deuda externa y la intervención de Fondo Monetario Internacional. Los debates se centrarán en el cambio climático, la exploración petrolera de las reservas de la plataforma marítima, la creación de empleos y la violencia social. Y la incorporación a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA.

Luiz Inácio Lula da Silva, exsindicalista, posiblemente hace 31 años cuando fundó junto a cien colegas suyos el Partido de los Trabajadores PT, nunca llegó a imaginar que se convertiría en uno de los presidentes más reconocido a nivel internacional. Posiblemente uno de los puntos de partida que han convertido a Brasil como país confiable y palanca de desarrollo ha sido el pragmatismo de su presidente, en su Carta al pueblo brasileño del 2002, en la que se comprometía si era elegido a mantener la política neoliberal de Fernando Enrique Cardoso. Ofrecía garantías jurídicas y políticas sobre la propiedad privada, la libertad de expresión y la defensa a las instituciones democráticas, algo que ha cumplido hasta la actualidad.

A ello habrá que sumarle las políticas de responsabilidad fiscal en los diferentes niveles que van desde el gobierno municipal, el regional y el federal, también la existencia de una clase empresarial comprometida e integrada en los circuitos mercantiles y financieros internacionales, invirtiendo en la innovación tecnológica y construyendo nuevas oportunidades de negocios.

Algunos detractores de Lula da Silva, afirman que lo que el país ha logrado hasta hoy no ha sido por él, sino más bien todo ha sido gracias a Fernando Henrique Cardoso (Lula solamente vino a darle continuidad a las políticas iniciadas por el antiguo presidente). Además a Lula se le ha criticado por el apoyo que le brindó al presidente del Senado José Sarney, después de haber sido acusado de corrupción. Aparentemente es una cuestión de intercambio de favores, porque el partido de Sarney, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, servirá de comodín para apoyar a la candidata del Partido de Lula en estas elecciones, Dilma Rousseff.

Posiblemente los días más difíciles para Lula serán los que están por llegar, después de haber presentado el Programa Nacional de Derechos Humanos las críticas a su gobierno comenzarán a hacer la manzana de la discordia. Se considera que dicho programa es completamente diferente al que presentó en el año 2002, el que le permitió llegar a la presidencia. El nuevo programa sigue las líneas del ALBA, entre otros puntos el texto plantea la posibilidad de una democratización de la propiedad, algo que la clase empresarial de ese país ha asociado con las políticas de Chávez sobre propiedad social.

Por otro lado, se prevé retirar la concesión a las empresas de radio y televisión que no sigan las directrices oficiales del gobierno en materia de Derechos Humanos. Un tema que tanto los cubanos, venezolanos y nicaragüenses viven y conocen muy bien.

¿Qué podemos esperar de los actuales candidatos a la presidencia del 2010? en palabras de Lula, estas elecciones serán mejores que las anteriores, considera que son elecciones inéditas porque no habrá candidatos de la derecha. Es bastante prematuro para hacer algunos escenarios de futuro porque hasta el mes de marzo o abril no se tendrá la lista oficial de candidatos pero sin embargo ya han aparecido algunos nombres que se perfilan como los sucesores de Lula.

Marina Silva, del Partido Verde PV, ambientalista y pedagoga, ex-ministra de medio ambiente. Sus activos más fuertes, su propia historia de vida, de familia pobre trabajó como doméstica, fue analfabeta hasta cumplir los 14 años. Amiga y colega del líder ambientalista Chico Mendes. Crítica de las políticas gubernamentales frente a los terratenientes brasileños las cuales considera flexibles y de beneficio para las élites.

Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores PT (candidata de Lula), economista y política, ministra de la Casa Civil desde el 2005 hasta la actualidad. Lula ha apostado desde el principio por ella.

José Serra, Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, político de ideología social demócrata. En el año 2002 perdió las presidenciales en la segunda vuelta frente a Lula. Crítico de la izquierda radical, especialmente del papel que desarrolla Hugo Chávez.

A manera de conclusión, sin duda alguna los brasileños de momento pueden estar tranquilos con su sistema electoral y de votación pero surgen algunos interrogantes con el próximo gobierno ¿continuará Brasil con el actual liderazgo a nivel latinoamericano?, ¿el próximo presidente pondrá en marcha el Programa de Derechos Humanos propuesto recientemente por Lula?

Fran Espinoza
Politólogo, doctorado en estudios internacionales e interculturales, profesor investigador Cátedra UNESCO- Santander, Universidad de Deusto, Bilbao.

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